URBANISMO Y DERECHO

1 1   1.-Tipos de alojamiento turístico
La legislación de la Comunidad de Madrid distingue entre apartamento turístico y vivienda turística. Los apartamentos turísticos son los que se destinan al alojamiento turístico y forman parte de una estructura compleja de explotación. Es decir, son apartamentos turísticos cuando en un edificio o parte del mismo existen varios apartamentos en los que por una misma empresa se prestan los servicios de alojamiento turístico.
La vivienda turística no está incluida en ninguna estructura de explotación turística pero, sin embargo, se publicita de forma individual para ser cedida en su totalidad con fines de alojamiento turístico.
En ambos casos, deben estar equipados de forma que puedan ser habitados de forma inmediata a cambio de un precio.
2.- La actividad de alojamiento turístico
Se entiende que un inmueble es destinado a apartamento turístico o a vivienda turística, cuando el servicio de alojamiento sea de carácter turístico y se ejerza bajo el principi…

Es bastante frecuente la pregunta de si sigue obligado al pago de la hipoteca el propietario que vende su parte en un inmueble inicialmente hipotecado y que estaba en proindiviso con otros.
Todo dependerá de lo que el banco quiera hacer ya que si permite que el propietario que abandona el proindiviso deje de estar obligado al pago de la hipoteca, la cuestión no planteará mayores dificultades. Lo que sucede, sin embargo, es que lo normal es que el banco se niegue a que uno de los deudores hipotecarios, aunque deje de ser propietario del inmueble, deje de ser deudor hipotecario porque de esta forma perdería garantías. Ante esta situación, bastante habitual, lo recomendable será firmar un contrato con el propietario que se queda con el inmueble para regular la situación posterior a la liquidación del proindiviso en la que queda subsistente la hipoteca que grava el inmueble.
Lo más importante que hay que tener en cuenta es que aunque se haya vendido la parte que se tuviera en el inmueble al…

Nos encontramos en muchas ocasiones cuando hemos adquirido un bien inmueble por cualquiera de los medios validos en derecho, que este ha sufrido en apariencia la constitución de un derecho real como es una servidumbre, en estos casos es corriente que dicha servidumbre fuera constituida en documento privado realizado entre el anterior propietario que establece dicha carga y el propietario de la vivienda colindante, sin que dicha servidumbre se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. Ante este tipo de situaciones, existe una protección legislativa que comienza en el Código Civil, al establecer que toda propiedad se presume libre de cargas, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, y que continua con la Ley Hipotecaria que en el mismo sentido defensor de los intereses establece que los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudicaran a tercero.
En síntesis, si…

El objeto del presente artículo es desarrollar el concepto de reparcelación urbanística, muy utilizado en la materia jurídica urbanística, y que plantea claroscuros en su delimitación. La reparcelación es una técnica necesaria para el desarrollo de algunos sistemas de actuación, consistente en la agrupación de fincas que se engloban en el ámbito de una actuación urbanística para su nueva división, todo ello ajustado al planeamiento vigente en el área concreta, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos derechos, en este sistema de ejecución del planeamiento se produce una conversión jurídica de los terrenos de carácter rústicos en terrenos de carácter urbano. Su objeto es distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación de acuerdo con el planeamiento. El procedimiento se ajusta a los siguientes hitos conf…

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2016, así lo avala, al confirmar que, a los efectos de lo expuesto en la reciente Ley de 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo máximo de pago es de60 díasalegando elcarácter imperativode la limitación del plazo impuesta en la misma, operando los intereses tras este indicado plazo. La Sala del Alto Tribunal considera que los pactos entre contratistas y subcontratistas, que excedan del límite temporal de 60 días naturales marcados por la ley resultaránnulos de pleno derechopor vulnerar lo recogido en la Legislación Civil, haciendo especial mención asimismo a la ley de medidas de apoyo al emprendedor, para corroborar el citadocarácter imperativo,recogiéndose en estarespecto a los plazos de pago, la posibilidad de ser ampliados mediante pacto de las partes, sin que en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días.
Este plazo máximo comenzará a contarse desde la fech…

Ocurre en la práctica de los arrendamientos urbanos de bienes inmuebles que existe una verdadera dificultad para determinar qué concretos gastos y costes deben considerarse como cantidades asimiladas al arrendamiento, a cuyo pago está obligado el arrendatario.
El Tribunal Supremo ha ido sintetizando y desarrollando este concepto de cantidades asimiladas debido, en gran parte, a la contienda judicial que en muchas ocasiones se planteaba en los tribunales al tratarse de un concepto indefinido e interpretable desde posiciones tan distantes como son la de arrendatario y arrendador. Es importante reseñar que este supuesto se da en las ocasiones en las que el contrato de arrendamiento no ha contemplado puntualmente los gastos de los que deberá responder cada parte, siendo en su mayoría contratos realizados entre particulares o contratos anteriores a la actual normativa y que se regían por la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos.


Pues bien, dicha doctrina jurisprudencial nos indica que serán…